CONTEXTO
De los Derechos Humanos y Violencia Política en Honduras



Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayor criminalidad del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de feminicidio más altas del mundo. En marzo de 2018, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado [1] Académicos, analistas y líderes políticos tradicionalmente han atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, particularmente al narcotráfico [2] Sin embargo, detrás de los cárteles de la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los activistas por la tierra [3] Es uno de los países con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y represión contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos de agroindustrias, minería e infraestructura en expansión

[4] Además, Honduras ha sido descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos” [5] En marzo de 2018, un informe de la ACNUDH indicó un aumento en las amenazas y la intimidación contra activistas sociales y políticos [6] Detrás de la idea generalizada de que el problema principal de Honduras son las pandillas, existe una realidad ocultada; el país enfrenta una ola de violencia política sin precedentes que apunta a movimientos, organizaciones e individuos que buscan una alternativa al modelo mercantil que realmente puede describirse como un neoliberalismo con esteroides.

La década después del golpe de estado de 2009 ha sido caracterizada por dos procesos principales: El primer proceso ha sido una acelerada incorporación de Honduras en la economía global a través de
a) la penetración de la economía local por la inversión extranjera y
b) la expansión de grandes empresas locales de minería y agroindustria que producen para el mercado global. El segundo proceso ha sido un crecimiento en violencia política dirigida contra todos aquellos que se oponen al modelo neoliberal y exigen sus derechos.



“La gente fuera de Honduras cree que Honduras es un país peligroso debido a las pandillas... Que este es el principal problema del país, pero no saben que es la imposición de un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras, que es violento en sí mismo”. Claramente, reducir toda la violencia a la actividad criminal no sólo es inexacto, sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo de abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir la violencia en Honduras como cualquier otra cosa que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas (en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha consistido en fortalecer la seguridad invirtiendo fondos en el ejército y la policía del estado: las mismas entidades responsables de graves violaciones de derechos humanos [7] Entonces, ¿quiénes son los responsables de la violencia política en Honduras? Actores estatales y no estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los últimos diez años, el país ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la violencia dirigida por el estado. Actores estatales de la policía y las fuerzas armadas han sido responsables por ejecuciones extrajudiciales, tortura, agresiones fisicas, amenazas, intimidación y uso execivo de fuerza contra manifestantes y campesinos. La violencia paramilitar ha sido ejercida por una variedad de actores:
guardias de seguridad privados, militares en activo o ex militares u otro personal de seguridad del estado que participa en acciones violentas fuera de los límites de sus deberes legales, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros y grupos armados de estilo paramilitar. Si bien la violencia paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación (Hristov, de próxima publicación). La violencia estatal y paramilitar ha sido instrumental para la expansión y consolidación de operaciones capitalistas a gran escala en los sectores de agronegocios, turismo, minería y energía, así como para la imposición de reformas neoliberales en los sectores de ordenación territorial, educativa y sanitaria - todo ello contra la resistencia de las poblaciones afectadas. La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras casi siempre tiene lugar en un entorno altamente militarizado caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los movimientos sociales. De esta forma, los actores estatales y no estatales colaboran directamente o facilitan las operaciones de los demás. De hecho, existe una correlación entre altos niveles de violencia y altos niveles de criminalización, y Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que ocupan el primer lugar en ambos.



Antecedentes y objetivos del proyecto

ASOPODEHU es una de las organizaciones no gubernamentales hondureñas más vocales. Promueve los derechos humanos exponiendo las violaciones de derechos humanos, así como interviniendo y defendiendo a las víctimas. El principal desafío que enfrentan quienes trabajan en el campo de la protección de los derechos humanos en Honduras es la falta de datos fiables, consistentes y rigurosos que puedan sustentar afirmaciones sobre la magnitud,

los responsables y las barreras para la justicia. Este proyecto se realizó con el objetivo de demostrar empíricamente que en Honduras existe una violencia política que es muy prevalente y sus víctimas no son solamente aquellos que pertenecen a ciertos partidos u organizaciones políticas, sino la población civil que intenta ejercer sus derechos a la democrática participación sociopolítica.

Este proyecto incorpora experiencias y saberes académicos y de organizaciones de base, para documentar a través de entrevistas y recopilación de datos, la prevalencia de violaciones de derechos humanos como producto de la violencia política. Hay que reconocer que el concepto de derechos humanos es amplio e incluye derechos económicos como el derecho a alimentación, vivienda, empleo etc. El Monitor se enfoca solamente en los derechos humanos que son violados por el uso de violencia política por parte de actores estatales y no estatales.

Los datos recogidos nos permiten responder las siguientes preguntas claves:

1) ¿Cuáles son las diferentes formas de violaciones de derechos humanos cometidas por actores estatales y no estatales (como personal de seguridad privada, grupos paramilitares) contra civiles?
2) ¿Cómo de frecuente es cada forma?
3) ¿Cuál es la relación entre los actos de violencia y el avance de determinados proyectos económicos o políticos?

Uno de nuestros objetivos va más allá de documentar las violaciones – es visibilizar los intereses que están detrás de las violaciones. Es decir, demostrar por qué ocurren las violaciones y quienes se benefician de éstas. Otro objetivo es producir recomendaciones para las instituciones del estado y para gobiernos extranjeros cuyos sectores privados mantienen presencia en Honduras.

Referencias
[1] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2018
[2] por ejemplo, Cantor y Rodríguez, 2015; Moncada, 2013
[3] Orsi y DiLorenzo, 2018; Defensores en Linea, 2016
[4] Hristov, 2020
[5] Human Rights Watch, 2018
[6] McVicar, 2018
[7] Hristov, 2020