CONTEXTO
De los Derechos Humanos y Violencia Política en Honduras


Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayor criminalidad del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de feminicidio más altas del mundo. En marzo de 2018, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado [1] Académicos, analistas y líderes políticos tradicionalmente han atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, particularmente al narcotráfico [2] Sin embargo, detrás de los cárteles de la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los activistas por la tierra [3] Es uno de los países con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y represión contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos de agroindustrias, minería e infraestructura en expansión
[4] Además, Honduras ha sido descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos” [5] En marzo de 2018, un informe de la ACNUDH indicó un aumento en las amenazas y la intimidación contra activistas sociales y políticos [6] Detrás de la idea generalizada de que el problema principal de Honduras son las pandillas, existe una realidad ocultada; el país enfrenta una ola de violencia política sin precedentes que apunta a movimientos, organizaciones e individuos que buscan una alternativa al modelo mercantil que realmente puede describirse como un neoliberalismo con esteroides.
La década después del golpe de estado de 2009 ha sido caracterizada por dos procesos principales:
El primer proceso ha sido una acelerada incorporación de Honduras en la economía global a través
de
a) la penetración de la economía local por la inversión extranjera y
b) la expansión de grandes empresas locales de minería y agroindustria que producen para el mercado global. El segundo
proceso ha sido un crecimiento en violencia política dirigida contra todos aquellos que se oponen al
modelo neoliberal y exigen sus derechos.
“La gente fuera de Honduras cree que Honduras es un país peligroso debido a las pandillas... Que este es el principal problema del país, pero no saben que es la imposición de un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras, que es violento en sí mismo”. Claramente, reducir toda la violencia a la actividad criminal no sólo es inexacto, sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo de abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir la violencia en Honduras como cualquier otra cosa que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas (en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha
consistido en fortalecer la seguridad invirtiendo fondos en el ejército y la policía del estado: las
mismas entidades responsables de graves violaciones de derechos humanos [7] Entonces, ¿quiénes son los responsables de la violencia política en Honduras? Actores estatales y no
estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los últimos diez años, el país
ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la violencia dirigida por el
estado. Actores estatales de la policía y las fuerzas armadas han sido responsables por ejecuciones
extrajudiciales, tortura, agresiones fisicas, amenazas, intimidación y uso execivo de fuerza contra
manifestantes y campesinos. La violencia paramilitar ha sido ejercida por una variedad de actores:
guardias de seguridad privados, militares en activo o ex militares u otro personal de seguridad del
estado que participa en acciones violentas fuera de los límites de sus deberes legales, sicarios
(pistoleros contratados), pandilleros y grupos armados de estilo paramilitar. Si bien la violencia
paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y
México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación
(Hristov, de próxima publicación).
La violencia estatal y paramilitar ha sido instrumental para la expansión y consolidación de
operaciones capitalistas a gran escala en los sectores de agronegocios, turismo, minería y energía,
así como para la imposición de reformas neoliberales en los sectores de ordenación territorial,
educativa y sanitaria - todo ello contra la resistencia de las poblaciones afectadas. La violencia
paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras casi siempre tiene lugar en un entorno
altamente militarizado caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los
movimientos sociales. De esta forma, los actores estatales y no estatales colaboran directamente o
facilitan las operaciones de los demás. De hecho, existe una correlación entre altos niveles de
violencia y altos niveles de criminalización, y Honduras es uno de los cuatro países de América
Latina que ocupan el primer lugar en ambos.


